Se trata de un conjunto de institutos procesales que garantizan derechos y garantías consagrados en la nueva norma y que no resulten incompatibles con el sistema procesal vigente establecido por la Ley N° 23.984.
De esta forma se incorporan al procedimiento penal los métodos alternativos de resolución de conflictos,tales como la conciliación y la reparación integral, como así también las normas que garantizan los derechos y facultades de las víctimas en el proceso penal.
A su vez se fijan las pautas que regulan las restricciones a la libertad de los imputados durante el proceso y se implementan un catálogo de medidas de coerción a fin de asegurar la comparecencia del imputado, evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.
Por último, el Código pretende asegurar el derecho de arribar rápidamente y sin dilaciones indebidas a una sentencia final y definitiva asegurando el derecho a contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una sanción penal.
Este Código ya se aplica en Salta y Jujuy y hace pocos días realizamos un exitoso encuentro en la Asociación de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar la experiencia de su aplicación en dichas provincias.
Allí reunimos a buena parte de los actores involucrados en el proceso: la Presidenta de la Cámara Federal de Salta, la Dra. Mariana Catalano y al Dr. Ricardo Toranzos, Fiscal Federal de la misma provincia, al Ministro de Justicia de la Nación y al Senador a cargo de la Bicameral.
Tal como se muestra en la experiencia en dichas provincias, este nuevo Código parece concretar un avance hacia una justicia más eficaz y transparente. El tema tan polémico de las prisiones preventivas extendidas no sería motivo de discusión si los plazos de la justicia fueran más cortos y se resolvieran las causas en un tiempo razonable. De modo que esta normativa pone a todos los actores del sistema justiciaante una posibilidad de acción más ágil y con plazos concretos y más cortos. Se busca terminar con las obstrucciones y demoras reiteradas y las causas interminables, donde 20 años después de los hechos seguimos sin saber que pasó.
El Ministro Garavano durante esta reunión explicó que la aplicación en todo el país de este capítulo de derechos y garantías anunciado en la Resolución 2/2019, se refiere a las medidas cautelares y a la restricción de la libertad, así como también a la posibilidad de implementar acuerdos en la fiscalía. Y anunció que la Cámara Federal de Rosario y de Mendoza serán las próximas jurisdicciones donde se avanzará en la implementación de este nuevo Código.
La Jueza de Salta Mariana Catalano, explicó de primera mano los alcances y la experiencia en dicha provincia en la que ya se aplica. Claramente marcó puntos a favor y debilidades del sistema, así como desafíos para las próximas jurisdicciones en donde deba implementarse. Primero dijo que la “oralidad” del sistema trae la celeridad, con plazos concretos (tres años para delitos comunes y seis para delitos complejos) y lo mismo para la prisión preventiva – el fiscal debe establecer el plazo-. En la experiencia de Salta no superaron los 45 días. Y también nos aporta otras medidas alternativas sin llegar a la prisión preventiva como es la prisión domiciliaria. Otro elemento que aporta el nuevo Código es la concentración. Las audiencias son públicas y se videograban. También señaló como un avance la modernización de los roles, hoy todos los involucrados están físicamente en el proceso. El juez pone el cuerpo en la Audiencia, conduce, resuelve y funda. El juez solo delega lo administrativo,pero no la decisión jurisdiccional. La víctima es escuchada y puede oponerse a ciertos acuerdos.
También señaló debilidades, a las que debemos prestar especial atención, justamente como ahora el juez pone el cuerpo es necesario tener más jueces. Y otro de los problemas que conspiran es la multicompetencia (vgr. En Salta los Jueces de garantías son de multicompetencia). Esto complejiza la tarea de los magistrados.
También fue importante escuchar al Fiscal Toranzos que tras 26 años de experiencia, admitió que es una forma diferente de hacer justicia. Reconoció que con el Código cambió la organización de la fiscalía y que estamos frente a un nuevo paradigma cultural, ya que el Fiscal ordena la detención y pide la audiencia por mail. La ley no permite que el juez conozca detalles hasta el día de la audiencia, ya no existen expedientes. Todo es oral y video grabado. Este sistema es más creíble, señaló.
En definitiva, el nuevo Código Procesal Penal importa una modificación sustancial de hábitos culturales en materia de administración de justicia,que tiene por objeto resolver las causas con más rapidez y transparencia. Esta normativa fue producto de amplios consensos lo que la convierte en una verdadera política de estado que tiene a la Comisión Bicameralcomo gran protagonista del proceso de su implementación.
El gran desafío que queda por delante es ir brindando la infraestructura necesaria para que esto puede ir implementándose en el resto de las jurisdicciones. Eso implica más jueces, más fiscalías y defensorías, como así también dotar de todos los recursos de infraestructura y de recursos humanos necesarios para que el sistema funcione.
La demanda de justicia es prioridad en nuestra sociedad. El marco legal ya está, ahora falta la puesta en marcha en todo el país. Esperemos que el proceso continúe y se profundice, con todo lo que esto implica.
Dr. Juan Pablo Zanetta, Presidente dela AABA
@JuampiZanetta
