Cuando la respuesta ante la crítica deja de ser la argumentación y se convierte en insulto sistemático desde el atril oficial, la confrontación democrática se desnaturaliza.

Cuestionar al periodismo, criticar una investigación o discutir una opinión forman parte del debate democrático y gozan de protección constitucional. Sin embargo, una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal exponiendo públicamente a quienes ejercen la tarea de informar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que nuestra Constitución protege la discusión apasionada y, naturalmente, el desacuerdo con el trabajo de la prensa.

El debate democrático otorga a todas las personas —incluidos los funcionarios públicos— el pleno derecho de discutir, cuestionar y criticar agriamente la labor periodística, sus opiniones o sus investigaciones. Respecto de los juicios de valor y las opiniones, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es clara: por su condición abstracta, no es posible exigir de ellos un deber de veracidad ni predicar su verdad o falsedad. El contenido del juicio crítico es, en sí mismo, libre.

Leer la nota completa:

https://www.clarin.com/opinion/peso-palabra-oficial-hostigamiento-sustituye-debate_0_Qo0KNkFSvF.html