Desde antes de asumir como Consejero de la Magistratura, el 19 de diciembre de 2020, supe que íbamos a tener enormes desafíos que superar como sociedad y que desde la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires teníamos que hacer nuestro aporte. También estaba convencido que existían muchas oportunidades para mejorar el servicio de justicia porteño, no sólo para surfear la crisis, sino también que podíamos mejorar las capacidades institucionales para garantizar los derechos de las personas y el ejercicio profesional de la abogacía.
Cuando tomé juramento de mi cargo, estábamos atravesando la crisis que nos hizo vivir la pandemia de COVID 19 y nos encontrábamos en medio de picos de contagios y mucha incertidumbre. Varias de las acciones que tomamos desde el Consejo de la Magistratura fueron en dirección a crear un marco de funcionamiento que sea eficiente y que se adecúe a la nueva normalidad a la que necesariamente nos sometió la pandemia y a la vez, que transmita seguridad reduciendo las posibilidades de contagio para el personal del Poder Judicial, para los profesionales y ciudadanos que utilizan el sistema de justicia. Como consecuencia de ello, tuvimos que volcar el esfuerzo en la creación de soluciones institucionales que redireccionen el funcionamiento del Consejo a un modelo de organización que esencialmente perfeccione y maximice el desarrollo de sus recursos digitales y admitiera el trabajo a distancia como una nueva y obligada realidad.
En esta inteligencia pusimos en marcha un ambicioso plan de despapelización (que hoy alcanzan al casi 90% de los expedientes judiciales de esta jurisdicción) y digitalización de los procesos, incluidos el enrolamiento de la firma digital y la optimización de las funcionalidades del Portal del Litigante y del EJE, que lograron que un expediente judicial sea tramitado, de inicio a fin, de forma absolutamente remota.
En la misma idea, tomamos la decisión estratégica de sustanciar los concursos paralizados, buscando locaciones en lugares amplios y adecuándole la tecnología necesaria para poder tomar los exámenes escritos en los concursos para cubrir las vacantes existentes en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, respetando las medidas sanitarias vigentes a ese momento.
Producto de esto último, no solo conseguimos que durante el 2021 se reactivaran estos trámites, sino que también se inicien CUATRO (4) nuevos. En total, OCHO (8) concursos que sustanciamos hasta su finalización.
De esta forma el Consejo de la Magistratura elevó a la legislatura, las y los postulantes para cubrir los cargos vacantes en los fueros del Poder Judicial, así como del Ministerio Público; restando solamente UNO (1) en el que ya había sido tomado el examen de oposición. Este intensivo trabajo produjo la propuesta de personas idóneas para cubrir VEINTIDOS (22) cargos vacantes de magistrados y funcionarios. De esta forma logramos que en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no haya una sola vacante de juez por cubrir (seguramente único caso en las jurisdicciones provinciales, sin hablar de las pésimas experiencias del nivel nacional y federal).
Es necesario destacar que mediante la Resolución CMCBA N° 161/22, del 12 de Agosto del 2022, tomamos la decisión de poner en funcionamiento el fuero en lo Penal Juvenil, por lo que abrimos el concurso Nro. 72 para cubrir TRES (3) cargos de Juez en el cual tomamos los exámenes de oposición y al finalizar mi mandato estábamos esperando las correcciones de las mismas.
El extraordinario esfuerzo realizado por el Consejo de la Magistratura para desarrollar, acelerar y profundizar el proceso de digitalización y despapelización por un lado y la finalización de los concursos de selección de magistrados por el otro, otorgan a los Tribunales de esta Ciudad un nivel óptimo que sin duda cumple con los estándares constitucionales necesarios para el servicio de Administración de Justicia de manera eficiente y eficaz coadyuvando a la Ciudadanía en la resolución de sus conflictos y en la ampliación de sus derechos.
Por otro lado, quiero destacar el progreso en materia del fuero de las relaciones del consumo. Al momento de asumir, la Legislatura había sancionado la Ley N° 6286, creándose la competencia del consumo en la Justicia de la Ciudad y estaba en pleno trámite parlamentario la sanción de un Código Procesal para el fuero de Relaciones del Consumo.
Sin perjuicio del trabajo efectuado por la entonces Comisión Redactora (creada por el GCBA, y con participación de representantes de este Consejo) en mi labor como Consejero -junto a los Consejeros Biglieri y Quintana- participé de la redacción del Código Procesal para el fuero de Relaciones del Consumo, sumando ideas y haciendo aportes que fueron remitidos a la Legislatura de la Ciudad y muchas de ellas terminaron incluidas en el Código de rito.
Sin dudas, el mayor aporte que realicé fue incluir lo que sería la piedra basal del Sistema de Conciliación Judicial Previa de las Relaciones del Consumo (SCJCABA), como etapa obligatoria prejudicial para canalizar las demandas de los ciudadanos en su condición de consumidores.
Posteriormente, a través de la Res. Pres. N° 581/2021 y de la Resolución CMCBA N° 175/21, se puso en funcionamiento el Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo funcionalmente de la Dirección General de Defensa del Litigante.
En este sentido quiero destacar que desde su creación se ha completado el cuerpo de Conciliadores/as del Sistema de Conciliación Previa de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SCJCABA), doscientos sesenta y seis (266) de los cuales han sido formados por nuestro Centro de Formación Judicial, amén de los que ya traen su experiencia desde el COPREC.
Es preciso destacar que el Sistema de Conciliación cuenta con una normativa propia que regula su actuación y establece los honorarios por su labor. Además, éstos y por supuesto los ciudadanos en su rol de consumidores y usuarios, tendrán una plataforma digital especial llamada “MI RECLAMO”, que de una manera absolutamente innovadora, permitirá realizar reclamos ante vulneraciones en los derechos de las personas de forma online, habilitando posteriormente la realización de audiencias de manera virtual, a fin de lograr conciliaciones que respeten el orden público consumeril y de esa forma bajar la litigiosidad ante la jurisdicción local.
Todo esto, se ha cristalizado en normativa propia del Consejo o reglamentaria del Código Procesal y ha sido elaborada y aprobada por consenso de todos los Consejeros, motivo que me satisface de manera personal. Complementando esto, se han elaborado las normas necesarias para regular las funciones de los demás operadores (esencialmente abogados/as y magistrados) que participan en el sistema de protección del consumidor.
En una conjunción de los temas mencionados anteriormente quiero particularmente destacar la labor de la Comisión de Selección que sustanció el concurso que concluyó con los primeros tres jueces en las Relaciones de Consumo -como un fuero especializado- en toda la Argentina. Por supuesto, mucho tuvieron que ver los acuerdos legislativos que permitieron la modificación de la Ley N° 7, pero sin dudas quiero poner de relieve la visibilización de la temática que el propio Consejo le otorgó a la materia.
Quisiera destacar también, el compromiso de mi gestión con la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso total de las competencias en materia judicial. En este aspecto quiero particularmente subrayar el trabajo realizado en torno a la redacción del Código Procesal Civil y Comercial de esta Ciudad. Solo basta leer los considerandos de la Resolución CMCBA N° 104/21 -que dio origen al trabajo de la mesa redactora de este Código- para tomar dimensión de la profunda convicción sobre la autonomía de la Ciudad con la que abordamos este ambicioso proyecto.
Producto del trabajo realizado, remitimos para su consideración a la Legislatura porteña un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Ciudad de Buenos Aires, una norma sin duda de avanzada, con recursos adecuados y eficaces para la defensa de los derechos y con mecanismos judiciales que dan solución al caso en tiempo y forma y con ello maximizan la garantía de la “tutela judicial efectiva”.
Asimismo, me gustaría resaltar el compromiso de mi gestión con expandir los vínculos institucionales del Consejo de la Magistratura con instituciones del país relacionados con la justicia. Se pueden mencionar los esfuerzos para conectar el Centro de Justicia de la Mujer con los Centros Comunales de la Ciudad de Buenos Aires logrando que se acuerde la organización oficinas del CJM en las Comunas 3, 10 y 15, o los encuentros de participación a los que asistí en el Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) durante estos dos años. En mi rol específico de representante del estamento de la abogacía propicié la suscripción de convenios con los Colegios de Abogados y Abogadas de La Matanza, La Plata, Morón, San Isidro, la FACA y especialmente con el Colegio de Capital Federal.
Centrándose en mi posición como representante de la Abogacía, se tuvo especial atención a seguir la actualización del UMA, dado el período inflacionario que atravesamos que afecta la economía de trabajadores y profesionales. El valor de esta unidad de medida pasó de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 4.846) al asumir mi cargo a PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 14.254,81) que corresponderían a partir de noviembre de 2022. Tampoco es un aspecto menor que se consiguiera la apertura de cargos para Conciliadoras/es del Sistema de Conciliación Previa de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SCJCABA), que jerarquiza la profesión y esencialmente le otorga una incumbencia lo que representa, además de un avance en el servicio de justicia, una fuente laboral para los profesionales.
Fuera del importante plano económico, se llevaron adelante acciones para que los profesionales puedan gestionar con mayor facilidad el ingreso al usuario dentro del EJE, así como avances en materia de la firma digital, con la intervención de la Oficina de Defensa del Litigante.
Finalmente, no quiero dejar de mencionar los esfuerzos dirigidos a formar un Poder Judicial comprometido con los derechos humanos. Así, en materia de género, se participó en la creación de un video institucional en contra de la violencia de género, se impulsó la apertura de oficina del Centro de Justicia de la Mujer en Sedes comunales, se participó en reuniones que tuvieron como objetivo generar un protocolo en caso de violencia laboral y de género. Por su parte, en materia de discapacidad, se promovió la aprobación de la adhesión al Día Mundial del Autismo y la realización de una encuesta sobre discapacidad para los empleados del Poder Judicial de la Ciudad, encomendándose al Observatorio de la Discapacidad y la Oficina de Estadísticas el diseño e implementación de la misma. En cuanto a los derechos políticos, se consiguió un gran avance con la reglamentación e implementación del juicio por jurados.
Lo mencionado anteriormente, si bien son importantes pasos en el desarrollo de la justicia independiente y eficiente en esta Ciudad, no son un punto de llegada sino el recorrido necesario para alcanzar la Justicia que queremos.
Queda por recorrer todavía -para llegar al completo desarrollo de la Justicia de la Relaciones del Consumo- la puesta en funcionamiento de la app Mi Reclamo, que se espera tenga lugar los primeros meses de 2023. También se debe continuar los esfuerzos para combatir la violencia de género y proyectar un protocolo que sea de aplicación efectiva en la Justicia. Hacia la ciudadanía, el Centro de la Justicia de la Mujer podría llegar a abrir oficinas en otras sedes comunales. En cuanto a la modernización del sistema judicial, queda pendiente la completa implementación de la firma digital en todos los profesionales que operan en el sistema de Justicia Porteño.
Si bien, la política de estado llevada adelante por todos los poderes de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los derechos de los usuarios y consumidores, fue un avance muy significativo en la autonomía de la Justicia Porteña queda pendiente la transferencia de todas las competencias de la Justicias Nacional a la Ciudad.
Sin perjuicio de que estos dos años fueron de mucho trabajo, ha dado sus frutos con todos los logros que hemos alcanzado desde la Justicia de la Ciudad. No tengo dudas, conociendo el compromiso de las Consejeras y Consejeros, los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que las metas que faltan van a ser alcanzadas sin importar los obstáculos que se presenten y que al final del camino vamos a lograr concretar las tareas pendientes y la autonomía plena de la Justicia Porteña.
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