Por una reforma judicial amplia y fruto del consenso
Presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires
Sabemos que es necesario contar con un Poder Judicial independiente, que recupere la credibilidad de la ciudadanía, que administre justicia en tiempos razonables, dotado de las herramientas informáticas conforme los tiempos que corren. También que facilite el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, cuente con los mecanismos de control que aseguren su transparencia y tenga una adecuada perspectiva de género, tanto en su composición como en sus resoluciones.
Urge una profunda modernización del sistema de administración de justicia, que incorpore los últimos avances tecnológicos, que la dote de celeridad y eficiencia, con plazos razonables de tramitación de causas. Sumado a la crítica coyuntura en que nos ha colocado la pandemia, que puso blanco sobre negro la situación por la que atraviesa el Poder Judicial, se impone avanzar decidida y definitivamente al expediente digital.
Es inexplicable que un proyecto que apunte a un mejor funcionamiento de la justicia federal no aborde el sistemático retraso de las causas judiciales
Desde hace mucho tiempo se viene reclamando una profunda reforma del sistema judicial, quién mejor que los abogados para confirmar que la «justicia» se encuentra desprestigiada, que funciona mal y que es lenta. Ahora bien, el proyecto de reforma que tiene media sanción pretende abarcar la reorganización de la justicia federal, pero se carga la tinta principalmente en lo que tiene que ver con sus competencias penales. Si bien es cierto que este fuero ha sido determinante en la valoración negativa de la opinión pública sobre la justicia, también lo es que prácticamente no tiene que ver con la vida cotidiana de la mayoría de las personas.
Es inexplicable que un proyecto que apunte a un mejor funcionamiento de la justicia federal no aborde el sistemático retraso de las causas judiciales. Como muestra de ello podemos señalar el colapso del fuero federal de la seguridad social que, por el contrario, sí influye en la vida de millones de personas que constituyen un sector vulnerable de la sociedad como son los jubilados.
Ampliar el número de jueces federales como se pretende no cambia en nada el problema de fondo pues agrava la situación actual de vacancias. No parece realista una reforma que desconoce el grave problema que implica el fenómeno de las subrogancias. Se deben de tomar los recaudos necesarios para que las subrogancias vuelvan a ser una excepción y no la regla, porque una justicia provisoria, es una justicia claramente dependiente de los poderes de turno.
Para lograr muchos de los propósitos planteados en el área específica objeto de la reforma, es indispensable implementar inmediatamente en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal producto de una verdadera política de estado. También es necesario, después de 26 años de demora, llevar a cabo el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal a la órbita judicial de la ciudad, incluyendo sus recursos materiales y su presupuesto.
Por último, reiteramos que es imprescindible retomar el concepto de «equilibrio» para la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, eliminando la prevalencia de los sectores políticos.
Entendemos que para lograr estos objetivos se debe desarrollar una profunda discusión pública, amplia y plural, que involucre a todos los actores que hacen al funcionamiento de la justicia. Ello con el fin de lograr un gran acuerdo democrático para construir la justicia que nos merecemos y necesitamos, superando de una vez y para siempre la inapropiada polarización en cuestiones que hacen al pleno funcionamiento del estado de derecho.
