DESDE AABA REPUDIAMOS ESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES SANCIONES EJEMPLARES QUE IMPIDAN QUE LOS INVOLUCRADOS DESEMPEÑEN TAREAS, ADEMÁS DE LAS PENALES QUE CORRESPONDAN

8 de junio de 2020. La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia institucional que tienen como víctimas, en la provincia de Tucumán, al ciudadano Luis Espinoza y en la provincia de Chaco a integrantes de la comunidad Qom. Se suman a ellos las agresiones policiales en la provincia de Buenos Aires, por cuestiones relativas a permisos de circulación.

Los protagonistas son integrantes de fuerzas policiales o de seguridad que actuaron fuera de la ley escudados en la presunción de legalidad que les otorga el monopolio de la fuerza dentro del Estado de Derecho, lo que de por si agrava la brutalidad desplegada que culmina con una persona muerta y con graves violaciones a los DDHH de otras tantas víctimas.

Las maniobras de encubrimiento desplegadas en Tucumán agravan aún más la situación e involucran no sólo a los autores materiales sino a funcionarios de jerarquía que colaboraron para eliminar rastros.

El titular de la Asociación, Dr Juan Pablo Zanetta expresó que: “La AABA no puede permanecer indiferente ante hechos de tamaña envergadura, que significan ni más ni menos que violaciones ostensibles a los Derechos Humanos, a las normas nacionales e internacionales en la materia y a los compromisos asumidos por nuestro país mediante convenciones, para propiciar la erradicación definitivas de estas conductas.”

Además de la indignación que tales sucesos provocan en el seno de nuestra Institución y en el conjunto de la sociedad, exhortamos a las autoridades nacionales y provinciales a adoptar las medidas sancionatorias ejemplares a que hubiere lugar para impedir que los cuadros de las fuerzas involucrados puedan volver a desempeñar tareas, además de las que correspondan en lo que hace a sanciones penales, esto ya en el plano de la actividad del Poder Judicial.

Debe también retomarse, para transformarse en una constante, la instrucción del personal uniformado de cualquier fuerza de seguridad o armada, en materia de género y de derechos humanos. En todos los planes de estudio deben incluirse materias relacionadas con estas cuestiones fundamentales para la vida en sociedad. Y luego de terminados los estudios, los integrantes de las fuerzas deben ser convocados bianualmente como mínimo, a cursos de actualización en ambas materias y en lo que hace al respeto a las garantías constitucionales in totum.